El uso de las cámaras de seguridad cada vez se está extendiendo más en instalaciones tan importantes como cárceles y comisarías.

Gran parte de los edificios que forman parte de ministerios tan importantes para la seguridad, como Interior o Justicia, deben tener los sistemas de vigilancia más punteros y completos posibles. En ese sentido cada vez se solicita el apoyo de los proveedores de seguridad privada en cárceles, comisarías y otros puntos claves en el sector de la justicia.

La experiencia de los mejores profesionales y la tecnología más avanzada debe servir para desarrollar sistemas capaces de cumplir todas las necesidades de seguridad de manera precisa e infalible. Proteger a empleados en las instalaciones, así como a presos y visitantes, analizar cualquier tipo de incidente, hacer un exhaustivo control de todas las personas y prevenir la violencia, así como todo tipo de actividades ilegales, son algunos de los retos a los que se enfrentan estas instalaciones.

Cada vez más cámaras en las cárceles

Recientemente Instituciones Penitenciarias desarrolló un plan para implantar medidas que ayuden a reducir drásticamente las agresiones de reclusos a funcionarios. Entre las decisiones resaltadas por el documento destaca la de ampliar el número de cámaras de videovigilancia en aquellas zonas de las cárceles donde ya existían y dotar con ellas a otros departamentos que ahora carecen de estos dispositivos.

Según datos oficiales, prácticamente cada día se da una agresión de un recluso sobre un funcionario de prisiones, agente de policía o personal de apoyo. Las medidas, anunciadas en 2017 por el secretario general de Instituciones Penitenciarias Ángel Yuste, buscan minimizar las consecuencias de las agresiones de los presos y mejorar el conocimiento que los funcionarios tienen sobre los reclusos a su cargo estimulando la observación directa de los reos por parte de los trabajadores penitenciarios.

Las nuevas tecnologías permiten aplicar los antiguos métodos de videovigilancia pero con funcionalidades nunca vistas anteriormente. Un sistema con una avanzada red de cámaras de videovigilancia permite tener todos los ángulos de una instalación vigilados en tiempo real y sin que ninguna condición externa lo pueda comprometer.

Se den las condiciones de iluminación que se den, las actuales cámaras pueden seguir vigilando con una nitidez de Full HD, además de tener la capacidad para funcionar a pesar de que se den cortes de luz en la zona o haya inhibidores de frecuencia. En muchas instalaciones penitenciarias existen sistemas aprobados de inhibición de frecuencias para evitar que personas no autorizadas puedan utilizar dispositivos de comunicación no autorizados, como teléfonos móviles, por lo que un sistema de vigilancia que se no se vea afectado por estas condiciones es muy importante.

La capacidad adicional de poder acceder, en cualquier momento, a revisar un clip grabado anteriormente permite revisar cualquier incidente y aclarar cualquiera de las situaciones que pueda darse en la instalación. El hecho de que un mismo operario pueda vigilar todas las grabaciones de una red de cámaras desde un mismo centro de control permite una eficiencia en cuanto a recursos humanos que reduce enormemente los costes de operatividad y mejora la integridad física de los vigilantes de seguridad ya que tienen que exponerse menos al contacto con los reclusos.

Cada vez más presencia del sector privado

Año tras año se aumenta la presencia de los proveedores de seguridad privada en las instalaciones del sector justicia. A pesar de que en España sigue habiendo menos presencia de vigilancia privada respecto a la media Europea (195 vigilantes por 100.000 habitantes en España mientras que en la UE hay una media de 271), la gran reducción de costes al operar una empresa privada respecto a los organismos públicos hace que cada vez más se abra este mercado.

A partir del año 2013 se puso en marcha un proyecto piloto para ir sustituyendo gradualmente a los funcionarios públicos y los antiguos dispositivos de seguridad en la vigilancia perimetral de muchas instalaciones penitenciarias. La gran experiencia de los vigilantes privados y el apoyo de la última tecnología en seguridad está permitiendo que, cada vez más, el sector judicial se abra a esta nueva manera de gestionar la seguridad en instalaciones públicas. Securitas Direct, que en España provee sus servicios a más de un millón de clientes, es una de las compañías con más presencia en la transición de la gestión de instalaciones penitenciarias.